Menú Principal

En las últimas décadas, la reinserción social de los/as adolescentes por infracción a la ley penal han sido motivo de interés creciente de los sistemas de justicia penal y de quienes elaboran políticas públicas. Estas estrategias de reinserción social son consideradas esenciales para el logro de los objetivos de seguridad pública, ya que se constituyen como mecanismos de prevención del delito, colaboran con la disminución de la victimización y de la reincidencia delictiva. En la medida que son sensibles a las etapas de desarrollo, consideran la perspectiva de género y se apoyan en métodos rigurosos para evaluar las necesidades y factores de riesgo, se constituyen en intervenciones más exitosas.

En este sentido, nuestra legislación establece una diferenciación en la determinación y aplicación de sanciones y medidas respecto de adolescentes que cometen un delito. Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente en el año 2007, el Estado de Chile adecuó su normativa a los estándares internacionales, para establecer un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento, cumpliéndose de esta manera con los estándares y principios reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, al adoptar un sistema de justicia diferenciado, garantista y especializado en el trato e intervención de adolescentes en conflicto con la ley penal, que tiene como eje central el respeto del interés superior del/la adolescente.

De tal forma que, todos los adolescentes entre 14 y 18 años son responsables ante la ley penal, pero se les garantiza el derecho a defensa gratuita, y en el caso de ser sancionados a penas privativas de libertad, se procura que estos no sean derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales. Además, reciben un conjunto de garantías, como acceso a educación, salud, capacitación y programas de rehabilitación en drogas y alcohol.

Por tanto, la reinserción social juvenil es una tarea que debe incluir la mayor cantidad de factores que hayan incidido al involucramiento de un/a joven a las actividades delictivas, lo que implica que los esfuerzos por parte del Estado para generar un proceso sistemático de acciones especializadas que se inician con el período de una condena, y que continúa cuando el/la joven retoma su vida en comunidad, con un respeto y garantía irrestricto de sus derechos humanos.

No obstante, y para efectos de mejorar y superar obstáculos que presentó la Ley 20.084, en marzo de 2017 se ha presentado al Congreso un Proyecto de Ley que crea un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se hace cargo de nuevos desafíos como dotar de una mejor capacidad institucional, para la implementación de orientaciones técnicas que sean homogéneas y más idóneas; mejorar los sistemas de financiamiento; unificar información y proveer de mejores insumos al momento de adoptar decisiones; especializar la oferta en el ámbito de la intervención; y procurar un monitoreo y seguimiento en la ejecución de las propias sanciones. Con todo lo anterior, se persigue una profundización la implementación de los tratados Internacionales en la materia para asegurar los fines que persigue nuestro sistema de justicia juvenil.

Iniciativas del Ministerio de Justicia