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En el ámbito internacional y nacional existen una serie de normas que se vinculan con el proceso de Reinserción Social, teniendo como consenso que la pena impuesta a una persona condenada no solo debe sancionarla y privarla de algunos de sus derechos, sino que también, debe ofrecer oportunidades para la obtención de conocimientos y habilidades que favorezcan su inserción a la comunidad una vez que hayan cumplido su condena, mediante una intervención especializada. Estas normas son:

Normativa Internacional en Materia Penitenciaria

A continuación se exponen las normas más relevantes en la materia, distinguiendo entre el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

1.1. Sistema Universal de Derechos Humanos 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, ratificado por Chile en 1975, prescribe en su artículo 10 que: “1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (…), y que, “3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Así, este Pacto pone de manifiesto el fin preventivo especial que debe tener la condena.

Eses espíritu es recogido en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, denominadas desde el año 2015 “Reglas Mandela” [1], las que son el conjunto de estándares internacionales que establecen los derechos y garantías de las personas privadas de libertad.

Con el objetivo de recoger las particularidades de la población femenina privada de libertad, se dictan las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) en el año 2011, documento que establece la necesidad de generar una regulación especial para las mujeres.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), fueron adoptadas por la Asamblea General en su Resolución Nº 45/110, de 14 de diciembre de 1990, y contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como las salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión.

1.2.  Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) fue ratificada por Chile en el año 1990, donde resalta el Derecho a la Integridad Personal, enfatizando que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y que no puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los principios del Derecho a la Integridad Personal fueron recogidos en las modificaciones introducidas al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

Esta misma convención, en 2004, creó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, la cual tiene el mandato de monitorear la situación de las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad en los Estados miembros de la OEA, realizar visitas a los Estados, promover los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger los derechos de personas privadas de libertad, y preparar informes que contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA[2].Asimismo, en el marco del trabajo de esta Relatoría, se adoptó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”. Este documento señala que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”

Legislación Chilena en Materia de Reinserción Social

A continuación se presentan las principales normas nacionales que establecen mecanismos vinculados al proceso de Reinserción Social.

Decreto Ley N° 321 de 1925, sobre Libertad Condicional

Establece que toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año, puede optar a egresar de ella de manera anticipada luego de cumplir ciertos requisitos. El beneficio de Libertad Condicional es otorgado por la Comisión de Libertad Condicional –quién también puede revocarlas -, que funciona en cada Corte de Apelaciones del país y la persona que obtiene esta gracia queda sujeta al control semanal de Gendarmería de Chile, el cual es realizado preferentemente en los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S). Este beneficio es otorgado en los meses de abril y octubre de cada año.

Por otra parte, existe el Decreto Ley N° 409 de 1932 que regula el proceso de eliminación de antecedentes penales. Este derecho tiene su fundamento en posibilitar la reinserción social de la persona condenada, y permite que luego de dos años de haber cumplido la pena (si es primera condena), o de cinco años (para quienes han sido condenado dos o más veces), por Decreto Supremo confidencial eliminar antecedentes penales para todos los efectos legales y administrativos, y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado”. Además de la norma singularizada presentemente, existen otros cuerpos normativos que regulan la eliminación de antecedentes penales, tales como el Decreto Supremo N° 64 de 1960 y la Ley N° 19.962 de 2004, referidas a ciertas anotaciones prontuariales y cumpliendo determinados requisitos.

El Decreto Ley N° 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, por su parte establece que Gendarmería de Chile es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que fueren detenidas o privadas de libertad, donde,  dentro de su orgánica institucional, la Subdirección Técnica está encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la Reinserción Social de las personas atendidas en los distintos Sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario.

La Ley N° 18.216 de 1983, y la posterior reforma introducida por la Ley N°20.603 que incluye las penas sustitutivas, tiene como objetivo diversificar la respuesta penal ante los delitos, especialmente en lo que respecta a aquellos de menor lesividad y cometidos por personas sin antecedentes penales, no solo con el fin de favorecer su proceso de reinserción, sino que además, para aumentar la seguridad pública y la paz social, evitando el indeseado contacto criminógeno. Estas penas son: Remisión Condicional de la Pena, Reclusión Parcial, Libertad Vigilada, Libertad Vigilada Intensiva, Prestación de Servicio en Beneficio de la Comunidad y Expulsión de Extranjeros. Además esta ley crea la Pena Mixta y el Monitoreo Telemático.

El Decreto N°518 de 1998, de Reglamento de Establecimientos Penitenciarios regula el actuar de la Administración Penitenciaria al interior de los Establecimientos. Asimismo, establece la forma en la cual el Servicio se relaciona con la población penal, tanto en materias vinculadas con el mantenimiento del régimen penitenciario como en la forma en que se llevará a cabo la contribución a la Reinserción Social mandatada en su Ley Orgánica. En el ámbito de la Reinserción Social, el Reglamento establece diversos permisos de salida, concebidos como beneficios que forman parte de las actividades de Reinserción Social y que se confieren en el marco de un sistema progresivo de cumplimiento de condena.

La Ley N° 19.856 de 2003, sobre Reducción de Condena, establece un sistema de reducción del tiempo de condena, para aquellas personas que durante el cumplimiento efectivo de una condena privativa de libertad, hubieren demostrado un comportamiento sobresaliente. Así, tendrá derecho a una reducción del tiempo de su condena equivalente a dos meses por cada año de cumplimiento, y a partir de la mitad de la condena, la reducción de pena se aumentará a tres meses por cada año.

El trabajo y desarrollo de hábitos y capacidades es un área determinante para la reinserción social de la población penal. El Decreto N° 943, que regula el Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario, estructura de manera específica la forma en que Gendarmería de Chile debe llevar a cabo el desarrollo laboral de las personas sometidas a su control. En la especie, debe instar por crear o preservar hábitos laborales y/o sociales en el trabajador, reforzando su identidad personal y prosocial, con la finalidad de lograr su reinserción social, ajustándose a una oferta programática definida en cada establecimiento. Especial mención merece la existencia de Centros de Educación y Trabajo (CET), establecimientos penitenciarios especialmente destinados a dicha función, o bien, forman parte de establecimientos cerrados, los que proporcionan y facilitan un trabajo regular y remunerado, además de procurar procesos de capacitación, formación laboral, psicosocial y educación.

[1] La versión original de las Reglas, del año 1957, fue sometida a un extenso proceso de revisión inter gubernamental, que culminó en la adopción de dichas reglas bajo el nombre de Reglas Mandela, en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2015.

[2] http://www.oas.org/es/cidh/ppl/

 Material Descargable

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

DL 321 Libertad Condicional

DL 409 Eliminación de Antecedentes Penales

DL 2859 Ley Orgánica de Gendarmería de Chile

DTO 518 Reglamento de Establecimientos Penitenciarios

DTO 943 Estatuto Laboral LEY 18216 Penas Sustitutivas

LEY 19856 Reducción de Condena Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad

Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos

 

Iniciativas del Ministerio de Justicia